Por: Elespectador.com
DEL FRENTE NACIONAL Y SUS CASI 30 años de clientelismo, fragmentación y ausencia de representatividad, del deterioro del orden público a manos de los grupos armados y de la amenaza del narcotráfico que permeó todas las instituciones en su lucha contra la extradición, nació, hace 20 años, la Constitución Política de 1991.
La toma, retoma e incendio del Palacio de Justicia en 1985 fue el crimen que arrastró al país al cambio. El que visibilizó definitivamente la desintegración del pacto social. El que dio origen al movimiento estudiantil que con los años cobró fuerza y, con él, los movimientos civiles que exigían nuevas directrices nacionales. El gobierno de Virgilio Barco consiguió, durante su administración, desmovilizar a cinco grupos guerrilleros. Faltaron las Farc. No obstante, si algo logró en 1990 la Séptima Papeleta, que solicitó una reforma constitucional mediante la convocatoria de una Asamblea Constituyente, y más aún, lo que lograron los 60 constituyentes elegidos directamente por voto popular, fue su deslegitimación.
Por primera vez no fueron unos pocos los que instauraron los fundamentos de la vida pública colombiana. Fueron todos los colombianos. Si las Farc querían refundar al país, ésta era la oportunidad. Con todas sus ambigüedades y falencias, la Carta del 91 otorgó un nuevo norte. Sólo la ampliación de la participación ciudadana cambió el panorama. La Constituyente estableció mecanismos para incluir a las minorías políticas y superar el bipartidismo. En el ámbito municipal, se crearon juntas administradoras locales y, en el departamental, la elección popular de gobernadores. A la diseminación del poder electoral, se sumió la diseminación del poder Ejecutivo con la restricción a los estado de excepción. Aunque la predominancia de la rama se mantiene, en parte, por la debilidad de los partidos políticos —acrecentada por la participación de los ciudadanos a título individual, la legalidad de la doble militancia y, en general, los escasos requisitos para la conformación de colectividades—, en todo caso el contrapeso es mayor.
Pero más allá de la reorganización de los poderes y sus equilibrios, esencial de la Carta de 1991 fue la consagración no sólo de que el país era de todos, sino que era de cierta manera: aconfesional, pluralista, republicano y —en especial— respetuoso de los derechos humanos. Antes del 91, se permitía sin más el avance del llamado “interés general” sobre las titulaciones intrínsecas a la persona humana. Sin duda, la Constituyente logró cambiar un esquema político autoritario y excluyente, y le abrió el paso al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, al libre desarrollo de la personalidad y al concepto de igualdad efectiva. Piso progresista que las doctrinas constitucionales, con generosa sabiduría, han logrado ampliar.
Y es que si bien la Constitución no ha logrado sacar al país de la pobreza y reducir la brecha de desigualdad, ni ha logrado tampoco desmontar las estructuras de violencia —aunque los avances desde entonces son notables— una ganancia clara, y que representa además un espíritu ya no idealista sino cada vez más arraigado en el diario de la sociedad, es la democratización del país. El derecho fundamental a la consulta previa de grupos étnicos, los estados de cosas inconstitucionales, el derecho fundamental al mínimo vital y otros conceptos de la Corte Constitucional, fiel guardiana de la Carta, han hecho caminar a Colombia por un camino más respetuoso de la individualidad, sus requisitos y sus reivindicaciones. El país es todavía demasiado tolerante a los abusos. Pero, al menos, la reforma del 91 logró catalogar como tales situaciones que se tenían por necesarias, irremediables e, incluso, normales. Algunas de las cosas que están escritas no deberían estar en la Carta. Otras que sí deberían estar no se han realizado. Pero que somos una mejor democracia hoy que hace 20 años es indiscutible.
Por primera vez no fueron unos pocos los que instauraron los fundamentos de la vida pública colombiana. Fueron todos los colombianos. Si las Farc querían refundar al país, ésta era la oportunidad. Con todas sus ambigüedades y falencias, la Carta del 91 otorgó un nuevo norte. Sólo la ampliación de la participación ciudadana cambió el panorama. La Constituyente estableció mecanismos para incluir a las minorías políticas y superar el bipartidismo. En el ámbito municipal, se crearon juntas administradoras locales y, en el departamental, la elección popular de gobernadores. A la diseminación del poder electoral, se sumió la diseminación del poder Ejecutivo con la restricción a los estado de excepción. Aunque la predominancia de la rama se mantiene, en parte, por la debilidad de los partidos políticos —acrecentada por la participación de los ciudadanos a título individual, la legalidad de la doble militancia y, en general, los escasos requisitos para la conformación de colectividades—, en todo caso el contrapeso es mayor.
Pero más allá de la reorganización de los poderes y sus equilibrios, esencial de la Carta de 1991 fue la consagración no sólo de que el país era de todos, sino que era de cierta manera: aconfesional, pluralista, republicano y —en especial— respetuoso de los derechos humanos. Antes del 91, se permitía sin más el avance del llamado “interés general” sobre las titulaciones intrínsecas a la persona humana. Sin duda, la Constituyente logró cambiar un esquema político autoritario y excluyente, y le abrió el paso al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, al libre desarrollo de la personalidad y al concepto de igualdad efectiva. Piso progresista que las doctrinas constitucionales, con generosa sabiduría, han logrado ampliar.
Y es que si bien la Constitución no ha logrado sacar al país de la pobreza y reducir la brecha de desigualdad, ni ha logrado tampoco desmontar las estructuras de violencia —aunque los avances desde entonces son notables— una ganancia clara, y que representa además un espíritu ya no idealista sino cada vez más arraigado en el diario de la sociedad, es la democratización del país. El derecho fundamental a la consulta previa de grupos étnicos, los estados de cosas inconstitucionales, el derecho fundamental al mínimo vital y otros conceptos de la Corte Constitucional, fiel guardiana de la Carta, han hecho caminar a Colombia por un camino más respetuoso de la individualidad, sus requisitos y sus reivindicaciones. El país es todavía demasiado tolerante a los abusos. Pero, al menos, la reforma del 91 logró catalogar como tales situaciones que se tenían por necesarias, irremediables e, incluso, normales. Algunas de las cosas que están escritas no deberían estar en la Carta. Otras que sí deberían estar no se han realizado. Pero que somos una mejor democracia hoy que hace 20 años es indiscutible.
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