La corrupción en Colombia no solo ha dado un salto cuantitativo con el aumento impresionante del robo de recursos públicos en la mayoría de las entidades estatales durante el pasado gobierno (en cualquier parte que se toque sale pus, dijo el presidente Santos), sino que también ha tenido un cambio cualitativo en la forma como se hacen esos desfalcos.
Este cambio en las formas de corrupción tiene mucho que ver con el cambio en el modelo de Estado, que de ser ejecutor y proveedor directo de servicios, pasó a contratar la prestación de muchos de sus servicios o a darlos en concesión.
Cuando el Estado era el gran empleador y participaba directamente en muchas áreas de la actividad económica, el objetivo de los corruptos era apropiarse de los nombramientos en los puestos públicos y lograr beneficiarse de las decisiones y regulaciones económicas que les permitieran generar rentas monopólicas.
Esas formas de corrupción subsisten en el nuevo modelo que desde los años 80 ha buscado reducir la acción y la intervención directa del Estado, pero ya no son las más relevantes puesto que ahora la mayor cuantía de recursos públicos se asignan mediante contratos y los corruptos han entendido que es en la captura de la contratación estatal donde tienen la gran oportunidad de medrar y hacer fortuna.
El informe final del saliente Auditor General de la República trae unas cifras impresionantes sobre la contratación estatal que demuestran por qué es un terreno abonado para que aumente la corrupción. Según el informe, entre noviembre de 2009 y febrero de 2011 los entes territoriales suscribieron 852.143 contratos, es decir, más de 50.000 contratos mensuales. Es evidente que esta cantidad de contratos excede con mucho la capacidad de vigilancia y control de las 63 contralorías territoriales. El 55% de estos contratos (433.146) fue de prestación de servicios, de los cuales 156.013 se hicieron con personas naturales. La aparente reducción del tamaño del Estado es una falacia, pues los empleados de planta han sido reemplazados por enormes nóminas paralelas.
Otro dato aterrador es que el 60% de los contratos mencionados se asignaron por contratación directa, es decir sin ningún procedimiento de competencia o selección objetiva, y que esta modalidad de contratación creció 74% en el último año. También se han generalizado los convenios interadministrativos y los contratos con fundaciones, universidades y cooperativas, que en el período considerado suman $6.5 billones.
Los riesgos fiscales de esta explosión de contratos son enormes. Según el Informe hay $26 billones de recursos públicos en riesgo, debido a que “La contratación regional está en cabeza de 5.700 ordenadores de gasto sin adecuados controles, sin adecuados instrumentos de intervención en casos de riesgo y con recursos millonarios a su arbitrio, liberalidad y ligereza.”
El modelo del Estado contratista no parece tener vuelta atrás. Entonces lo que se requiere es fortalecer la capacidad de los entes de control, reformar a fondo las contralorías regionales, pero sobre todo como dice el Auditor, “es evidente la necesidad de ir hacia una nueva política de Estado en materia de contratación, que exige un cambio de concepción en la relación contractual con los particulares, donde el interés público sea ganador”.
Publicada por
MAURICIO CABRERA GALVIS
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