Por: Moisés Avilez
En el año 2005 el Congreso de Colombia aprobó la Ley 975 mediante la cual se facilitaron herramientas para “procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las victimas a la verdad, justicia y reparación”[1]. Según el gobierno, al amparo de esta ley se desmovilizaron 31.671 paramilitares entre 2003 y 2006.
Esta desmovilización, no solamente se hizo realidad por obra y gracia de la ley 975 de 2005 o por “la mano firme y el corazón grande” de este gobierno, sino por los pasos de animal grande que los jefes paramilitares sentían detrás de si después de muchos años de hacer y deshacer; “en septiembre de 2002, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció acusaciones y pedidos de extradición contra dos importantes líderes paramilitares, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, y un narcotraficante a quien se consideraba aliado de los mencionados líderes, Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra. El año anterior (2001), el Departamento de Estado de los Estados Unidos había incluido a la coalición paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras”[2], es en ese momento donde se empieza a gestar la idea de un dialogo y un proceso de paz de los paramilitares, para impedir pedidos de extradición y hacerle juego a la impunidad.
Todo deja entrever que el proceso de paz con los paramilitares, fue un gran teatro, la organización Human Rights Watch denuncio en su momento que en la “desmovilización” de estos grupos había serias fallas, al decir que la desmovilización de 31.671 paramilitares significaba “solamente que estas personas participaron en ceremonias de ‘desmovilización’ en las cuales muchos de ellos entregaban sus armas y se comprometían a abandonar sus agrupaciones y a dejar de participar en actividades delictivas. El gobierno nunca estableció un procedimiento significativo para determinar si estas personas eran efectivamente paramilitares, y no personas contratadas o invitadas para hacerse pasar por tales. Nunca los sometió a un interrogatorio serio sobre su participación en actividades delictivas ni sobre las atrocidades de las cuales podrían haber sido testigos. Si no estaban siendo investigados, el gobierno simplemente les otorgó indultos por su participación en el grupo y les permitió ingresar en programas de reinserción patrocinados por el gobierno”[3], no hubo una verdadera desmovilización, los máximos jefes se entregaron y cuando se esperaba que comenzaran a decir parte de la verdad, fueron extraditados, mientrastanto en los campos de Colombia, las estructuras de los Paramilitares seguían casi que intactas. Para la muestra el siguiente mapa:
REGION CARIBE
A los que la oficialidad llama reductos o Bandas criminales, que en realidad son paramilitares que siguen ejerciendo coerción y control político en toda la Región Caribe, no se les puede llamar rearmados, porque en realidad nunca se desmovilizaron; hicieron parte si de un teatro llamado proceso de desmovilización, ideado por los jefes paramilitares para hacerle el quite a la extradición. Y esta situación representa ni más ni menos que “una amenaza real a la posibilidad de que las víctimas de la violencia de las AUC tengan un contexto seguro para su participación en la aplicación de
Hay un ejemplo claro y puntual que podemos poner de relieve en la región, el caso del Bloque Mojana de las AUC que desmovilizó a 110 hombres, en el mes de febrero de 2005 en el corregimiento de Nueva Esperanza, jurisdicción del municipio de Guaranda, Sucre, “luego de que juraran que en la zona bajo su mando nunca se registraron homicidios y otros hechos de alteración del orden público, por lo que el grupo siempre fue considerado por las autoridades de Sucre como una organización poco sangrienta a diferencia del Bloque Héroes de los Montes de María grupo al cual se le atribuye los asesinatos de más de mil personas”[5]. Pero al parecer y después de las investigaciones del CTI de la Fiscalía se ha develado el homicidio de por lo menos “50 personas” “cometidos en la zona conocida como El Campamento, en donde permanecía una cuadrilla de por lo menos 60 hombres del Bloque Mojana comandado por alias ‘Ramón Mojana’ o ‘Carriel Pelao"[6]. Este hecho y la falta de colaboración de alias “el abuelo” y alias “bigote” han hecho que se tome la decisión de excluirlos del proceso de Justicia y Paz, dejando en ascuas a las víctimas, y colocando en entredicho el mismo proceso, en este caso se debe tener como cierto que nunca hubo desmovilización, por lo tanto si hay presencia de paramilitares en la región donde actuaba el Bloque Mojana no es un grupo rearmado, es un grupo paramilitar que obedece a la misma estrategia y lineamiento del supuesto grupo “desmovilizado”, prueba del fracaso estatal y la ineficacia, del proceso.
Según la Organización Indepaz hay 84 grupos, con 9.328 integrantes en 224 municipios[7], distribuidos en 26 departamentos del país[8]; para la Corporación Arco Iris son realmente “10.200 personas en armas, distribuidas en 102 grupos que utilizan 21 denominaciones distintas, con presencia en 246 municipios del país”[9], el accionar de estos grupos es el mismo de sus supuestos antecesores: controlan territorio mediante presión armada, ejercen control social, político y de las economías ilegales, asesinan selectivamente, amenazan, etc., la idea central es que esos grupos obedecen a la misma línea de acción de los grupos “desmovilizados”, porque nunca dejaron de ser, pero para la CNRR (Comision Nacional de Reparación y Reconciliación) no es así ya que es este actuar el que los hace diferentes, algo realmente discutible. Aunque en algo si estamos de acuerdo, y es en que “Estos grupos ilegales de coerción han mostrado con más claridad los últimos meses su voluntad de ejercer control político y amedrentar a las organizaciones sociales que están apoyando a organizaciones de víctimas de los paramilitares. Nombres como las ‘Águilas Negras’, ‘Los Machos’, ‘Los Rastrojos’, ‘Nueva Generación’, entre otros, fueron conocidos por el público y generaron preocupación en el gobierno y la sociedad”[10].
Hay dudas acerca de la llamada “desmovilización” paramilitar, pero si entramos a detallar el “proceso de paz” lo que hay es un fracaso y lo corroboramos en las propias palabras de la CNRR (Comision Nacional de Reparación y Reconciliación) cuando ha dicho: “Estos grupos ilegales de coerción aprovecharon la ‘mano de obra barata’ que se encontraba entre las personas desmovilizadas y en otras poblaciones que por diversas razones ven como una oportunidad su vinculación en estructuras ilegales de diversa índole”[11]
Los Signos de los Tiempos del Paramilitarismo y no de las Bandas
Hay verdaderos signos de la existencia de estos grupos con el rotulo de paramilitares, por el hecho de su actuar, y no como Bandas criminales como las cataloga el gobierno para seguir promulgando la teoría del fin de los paramilitares. Es innegable su influencia política y el control y presión que ejercen en algunas zonas de la Región Caribe, por no decir que en su totalidad, por ejemplo:
En el año 2007, cuando se llevaba a cabo una nueva campaña electoral en el departamento del Cesar, con denuncias de que había influencia paramilitar, el domingo 17 de junio fue atacada a tiros la casa del representante liberal Pedro Muvdi, contradictor político de la familia Araújo en el Departamento, y quien era el patrocinador ese entonces, de la aspiración al cargo de Gobernador de Jesús Namen Rapalino, el único candidato liberal en la contienda, pues los otros 4 candidatos estaban “ligados a la casa Araujo”[12].
“El atentado se produjo dos semanas después de que otro dirigente del liberalismo del departamento, Alfonso Palacio Niño, testigo clave de la Corte Suprema en el proceso de la parapolítica, denunció el rearme de paramilitares en La Jagua, San Alberto, San Martín, Aguachica, Curumaní y Chiriguaná”[13].
En el Departamento de Córdoba también el paramilitarismo siguió teniendo influencia en la política después de la “desmovilización”, el martes 19 de junio de 2007 “varios hombres armados llegaron hasta la casa de Jaider Rafael Cueto, aspirante cívico a la Alcaldía de La Apartada, Córdoba, y le exigieron que suspendiera las denuncias sobre trasteo de votos en el municipio. No era la primera vez que recibía las amenazas. El 26 de mayo, hombres que se hicieron pasar por integrantes del grupo 'águilas Negras', le advirtieron que las denuncias que había hecho en el mismo sentido durante un consejo comunitario con el presidente Álvaro Uribe, podrían costarle la vida”[14].
Más recientemente, en abril del presente año 2009, un informe de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo revelo que “Facciones armadas de la antigua estructura paramilitar están en proceso de recomposición en el norte del Cesar”[15] y señalo a Valledupar y Pueblo Bello como las poblaciones con más alto riesgo, “Indica el informe que después de la desmovilización algunos reductos del otrora frente ‘Mártires del Valle de Upar’, Bloque Norte, se están organizando como eje central de un nuevo esquema paramilitar bajo el nombre de Autodefensas Gaitanistas. Se trata de combatientes que a pesar del proceso de entrega de armas, se mantuvieron activos con un bajo perfil”[16]. Recomposición que no podría ser posible sin la participación de “desmovilizados” de otros lugares que han llegado a esa zona y que ya en su momento recibieron los beneficios del gobierno por participar en el teatro del “proceso de paz”.
La influencia de los paramilitares en los poderes locales sigue siendo muy fuerte en el Caribe, el gobernador del Departamento del Cesar, Cristian Moreno, lo denuncio en la Asamblea Departamental, de que estos grupos se están reagrupando y están presionando para participar de los presupuestos de los municipios del Departamento. La denuncia hecha por el mandatario fue corroborada por el llamado Zar Anticorrupción de Colombia, Oscar Ortiz González.[17]
El control social y la intimidación lo ejercen mediante panfletos con amenazas de muerte, uno de los elementos que siempre ha utilizado la estrategia paramilitar. En el mes de marzo del presente año, en Codazzi y la Jagua de Ibirico (Cesar) por ejemplo, un grupo autodenominado Ogdis, mediante panfleto, estableció una especie de “toque de queda”; otros panfletos aparecieron en Valledupar, donde anuncian una “limpieza social” y recurren también a un “toque de queda” a partir de la nueve de la noche, así como en el departamento de La Guajira donde el grupo paramilitar “Autodefensas Gaitanistas de Colombia, frente Manuel Nieves Gaitán” mediante grafitis intimidó y amenazó a la población de seis corregimientos de Riohacha; en Montería la circulación de un panfleto amenazó de muerte a 35 personas residentes específicamente en los barrios de Colina Real, Edmundo López, Mogambito, Seis de Marzo, Nuevo Horizonte, La Pradera, y del sector deprimido de Cantaclaro. Este hecho se repite en otros municipios de la Región.
La violencia es preocupante en los departamentos del Caribe y es consecuencia del reposicionamiento de los grupos paramilitares, en los tres primeros meses del año 2009, se dieron más de 300 asesinatos y donde se vive la peor situación es en los departamentos donde hubo mayor presencia o mayor poder de los antiguos grupos paramilitares. En Sucre 52 muertos; en el Cesar 71; 130 en Córdoba, a pesar de la prohibición del porte de armas; mas de 50 homicidios en La Guajira, 22 de ellos solamente en Riohacha[18].
Los hechos mencionados anteriormente como señales significativas, nos dice claramente, que estos grupos que el gobierno llama bandas criminales, que otros llamamos simplemente paramilitares que nunca se desarmaron y que otros llamarían rearmados o emergentes, no solamente se dedican a los negocios ilícitos de narcotráfico como dice el gobierno, sino, que utilizan la estrategia paramilitar: el control político queda evidenciado. Y el propósito de estos grupos siempre será controlar territorio, influir en poderes locales, debilitar la organización social con ataques a líderes y lideresas sociales, ataques a organizaciones comunitarias y dirigentes políticos. Este reposicionamiento de los paramilitares, crea terror entre las víctimas y la población en general, establece las condiciones necesarias para la impunidad, le cierra la puerta a la verdad, la justicia y la reparación, garantiza el mantenimiento en el poder de las elites políticas emparentadas con el paramilitarismo y poco garantiza la no repetición de los actos de barbarie que históricamente perpetraron.
[1] Ley 975 de 2005, articulo 1.
[2] ¿Rompiendo el control?; obstáculos a la justicia en las investigaciones de la mafia paramilitar en Colombia; Human Rights Watch.
[3] Artículo Citado: ¿Rompiendo el control?
[4] Disidentes, rearmados y emergentes: ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar?; área de desmovilización, desarme y reintegración (DDR), comisión nacional de reparación y reconciliación, agosto de 2007.
[5] Asesinatos y Otros Crímenes de Lesa Humanidad, CTI busca restos humanos en fosas comunes en La Mojana, Hallan el primer cuerpo; http: //www.fac.mil.co/, Fuerza Aérea Colombiana, Publicado el día 31 de marzo de 2006.
[6] Artículo Citado: Asesinatos y Otros Crímenes…
[7] Representantes de 15 mil desmovilizados reclaman al gobierno; revista semana.
[8] Instituto de Estudios para el Desarrollo y
[9] En qué va la guerra; http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4702792; 2008.
[10] Disidentes, rearmados y emergentes: ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar?; área de desmovilización, desarme y reintegración (DDR), comisión nacional de reparación y reconciliación, agosto de 2007.
[11] Artículo Citado, Disidentes, rearmados y emergentes…
[12] Ahí están y ahí se quedan; http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3607654
[13] Artículo Citado, Ahí están y ahí se quedan…
[14] Artículo Citado, Ahí están y ahí se quedan…
[15] Valledupar y Pueblo Bello, en riesgo por rearme de las autodefensas; El Heraldo.com.co, Regionales, Barranquilla, Lunes, 6 de abril de 2009.
[16] Artículo Citado, Valledupar y Pueblo Bello…
[17] Estas afirmaciones en: En carta escrita desde cárcel en E.U.:‘Jorge 40’ afirma que desmovilizados se están rearmando; El Pilón, Valledupar, Viernes, 06 de Marzo de 2009 y en: Zar confirma denuncias del Gobernador: Se están reagrupando organizaciones criminales; El Pilón, Valledupar, Sábado, 07 de Marzo de 2009
[18] El crimen no da tregua en la Costa: van más de 300 asesinatos este año; www.elheraldo.com.co, Barranquilla, Miércoles, 25 mar 2009.
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